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Asi nos ven los medios nacionales;Hijo del subjefe policial de Tierra del Fuego fue detenido por narco

31 ene 2017

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El joven fue apresado por ser partícipe del ingreso de un importante cargamento de marihuana a aquella provincia. Su padre, que era comisario mayor tuvo que presentar la renuncia. 

El hijo del subjefe de la Policía de Tierra del Fuego fue detenido este martes como partícipe del ingreso a la provincia de un cargamento de 47 kilos de marihuana, por lo que su padre presentó su renuncia a la fuerza de seguridad.

Por su parte, la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, aceptó esta tarde la renuncia del comisario mayor Ismael Torres, padre del imputado Franco Torres (26).

Según las fuentes, por orden del juez federal subrogante Guido Otranto, personal de Gendarmería Nacional realizó cuatro allanamientos, uno de ellos en la sede de la empresa de transporte de carga Cruz del Sur, en la ciudad de Río Grande, donde secuestraron los 47 kilos de marihuana disimulados en el interior de cajas de parlantes.

Los efectivos también allanaron la vivienda del comisario mayor Ismael Torres, donde se encontraba su hijo Franco junto a otros dos hombres, aunque “no es el lugar de residencia habitual” del funcionario policial, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

Franco Torres fue detenido como supuesto partícipe de la compra de la droga en Buenos Aires y de la maniobra de transporte hacia Río Grande, en función de evidencias como el contenido de escuchas telefónicas obrantes en la causa, precisaron los voceros.

Los gendarmes también hallaron una planta de marihuana en el interior de la vivienda donde se llevó a cabo el procedimiento y la detención.

Los otros allanamientos se llevaron a cabo en un edificio de la calle Paso de los Andes 3087, el Parque Industrial de Río Grande y en el barrio Chacra IV, aunque allí no se produjeron más detenciones.

Tras conocer que su hijo había sido aprehendido, Ismael Torres “presentó la renuncia al cargo”, indicó el jefe de la policía provincial, comisario Nelson Moreyra.

“Torres es una persona intachable y respondo por él. Esta es una situación que salpica a la fuerza y asumo la responsabilidad", afirmó Moreyra en diálogo con Radio Provincia y agregó: “No teníamos ninguna información sobre el caso porque fue llevado adelante por efectivos federales sin participación nuestra.”

El secretario de Seguridad de la provincia, Ezequiel Murray, explicó a la prensa que la decisión de la gobernadora Bertone de aceptar la renuncia de Torres se basó en “su propia directiva de avanzar en la lucha contra el narcotráfico cueste lo que cueste y sin importar el nombre que está detrás”.

Murray precisó que la medida le permitirá a la Justicia “avanzar libremente en la investigación”, aunque aclaró que siempre tuvo “un buen concepto de Torres”, quien posee “un desempeño intachable dentro de la Fuerza” y señaló que “el problema con su hijo lo afecta personalmente y deberá ser resuelto en el ámbito familiar”. 

La investigación que derivó en el secuestro de la marihuana y la detención del hijo de Torres comenzó el 31 de diciembre último, a raíz de la denuncia de un preso por narcotráfico.

El recluso declaró en calidad de “arrepentido” ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego y aportó una serie de datos que permitió después detectar el envío de la droga a la provincia.

Esta causa penal recayó en el juez Otranto, quien reside en la ciudad chubutense de Esquel, debido a la ausencia del magistrado natural que estaba de vacaciones durante la feria judicial.

El “arrepentido” está detenido y a la espera de ir a juicio por el intento de enviar en marzo de 2015 unos 48 kilos de marihuana desde la localidad bonaerense de Ituzaingó a la fueguina de Río Grande, en un operativo que se denominó “Hermandad Verde”.

En aquella ocasión, además de la droga, la Policía secuestró armas de fuego y 300.000 pesos en efectivo, y detuvo a otras cuatro personas en siete allanamientos.

Franco Torres denunció en 2011 a policías por haberlo torturado en una comisaría de Río Grande, adonde había ido a reclamar por la detención de un amigo, lo que derivó en 2013 en un juicio en el que los dos suboficiales fueron condenados a ocho años de prisión y exonerados de la fuerza.

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